Coluna Fictio Iuris
“Con una hábil manipulación de la prensa, pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal, la víctima”. Malcolm X
Me resulta curioso, irónico e, incluso, hipócrita, ver cómo el discurso de lo políticamente correcto se ha instaurado en nuestra sociedad hasta el punto de considerar tabúes o cuasi sacrilegios aquellos temas y comentarios que van en contra de lo que el individuo debe decir para quedar bien ante el prójimo. Esta valoración surge como consecuencia de la solicitud de un probable homicida (pues el proceso se encuentra en etapa de instrucción o investigación) de recibir la eutanasia debido a que, al abrir fuego contra, al menos, cinco de sus compañeros de trabajo, recibió un disparo en la columna vertebral por parte de la policía que le produjo una lesión medular al intentar ser detenido. Estos hechos tuvieron lugar el pasado 14 de diciembre de 2021, sin embargo, el día 20 de junio de 2022, los medios de comunicación españoles han recuperado la noticia debido a que el Consorcio Sanitario de Terrassa (Cataluña) ha aceptado la solicitud de eutanasia del conocido como pistolero de Tarragona poniendo en tela de juicio varios temas de gran importancia.
El primer punto a considerar es que, cuando sucedieron los hechos y el sujeto fue herido, los comentarios de apoyo a los policías eran numerosos, dando lugar, incluso, a opiniones más radicales que lamentaban que el individuo no hubiera sido privado de la vida en ese mismo momento. Ahora bien, paralelamente, también había comentarios que llegaban a justificar el actuar del pistolero, pues le habían despedido días antes y, según estas opiniones, ello habilitaba que se presentara en su antigua empresa y abriera fuego contra todos bajo la premisa de que, seguramente, se lo merecían.
La bipolarización de aquel momento se vuelve a repetir hoy pues, por una parte, hay que considerar la naturaleza de la prisión provisional y la atención a las víctimas como elementos esenciales, mientras que, por otro lado, están los ya famosos y tan socorridos derechos humanos para justificar su petición debido a los dolores irreversibles que padece. En este sentido, se hace necesario recordar que uno de los fines de la prisión provisional es, precisamente, poner a disposición judicial al investigado o procesado, por lo que su muerte asistida implicaría que ese sujeto no fuera sometido a un juicio. Además, como consecuencia de ello, las víctimas quedarían totalmente desprotegidas, pues si no hay un responsable del delito, no puede haber condena y, simultáneamente, no habrá reparación del daño. Esta dicotomía lleva a la confrontación de dos derechos: el derecho a la dignidad humana (por la solicitud de eutanasia) y el derecho al acceso a la justicia (por las víctimas).
Analizar este caso en toda su dimensión hará que, además de la confrontación de derechos, más tarde o más temprano, el derecho también choque con la moral, pues surgirán interrogantes como ¿puede un homicida no ser juzgado con base en la solicitud de eutanasia?, ¿se alcanza justicia para las víctimas directas e indirectas en aquel escenario en el que el sujeto activo ni siquiera es juzgado?, o ¿es defendible, justificable o como quieran calificarlo, que el delincuente muera tranquilamente en una cama cuando ha provocado tanto daño y terror en las víctimas? Lo políticamente correcto nos llevaría a la respuesta de que, por supuesto, el homicida puede y debe ser sometido a la eutanasia atendiendo a su derecho a la vida digna, pues sufre tanto dolor que sería inhumano mantenerlo con vida, máxime cuando él mismo quiere fallecer; sin embargo, la auténtica apreciación de la sociedad, seguramente, sea la de considerar injusto que un homicida pueda morir sin ser juzgado, haciendo que, al final, el derecho se convierta en una herramienta que provoca más incertidumbre que certeza y que, bajo el manto de la legalidad, se habiliten decisiones que puedan ser ilógicas, incomprensibles e injustificables para la mayoría de la sociedad.
Si finalmente se confirma la muerte asistida del pistolero de Tarragona, en opinión de su servidor y aun a riesgo de ser políticamente incorrecto, las víctimas volverán a perder otro partido más en un sistema procesal que dice protegerlas pero que, a la hora de la verdad, las abandona a su suerte.
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