Coluna Fictio Iuris
La violencia de género, y específicamente el feminicidio, es una tragedia que no podemos ignorar. Se estima que entre 50,000 y 100,000 mujeres son víctimas de feminicidio cada año en todo el mundo, la mayoría de ellas en América Latina. Esta situación afecta no solo a la víctima, sino también a sus familiares y a la comunidad. En México, el feminicidio es una realidad que sufre el género femenino desde hace tiempo y que ha ido cobrando fuerza durante los últimos años.
El 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19, no fue una excepción y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así lo demuestran, pues de acuerdo con el informe anual emitido por el propio INEGI a principios de 2021, el feminicidio es el segundo crimen en términos de letalidad en México, sólo superado por el homicidio. En total se registraron cerca de 11,000 muertes por femicidio en 2020, lo que representó un aumento del 10% con respecto al año anterior. Estas cifras se traducen en una tasa muy alta: 6.7 mujeres asesinadas cada día, es decir una muerte cada 3.9 horas. Es un nivel de letalidad realmente preocupante.
Otras estadísticas indican que el número de casos de feminicidio también ha aumentado en los últimos años. Según el INEGI se registraron casi 63,000 casos en 2019, cifra que aumentó a cerca de 66,000 en 2020. Esto supone que aproximadamente un tercio de los homicidios cometidos en México son femicidios.
De todo lo anterior se desprende que la violencia contra la mujer está aumentando desde hace tiempo en México, a pesar del hecho de que se han intentado tomar muchas medidas para la prevención y el combate de este tipo de delito. Es fundamente importante que las autoridades refuercen las políticas públicas orientadas a la prevención y castigo de los feminicidios y la violencia de género en aras de que se pueda llegar a prevenir y, en la medida de lo posible, erradicarse. Esto incluye socavar los estereotipos de género, educar a la comunidad sobre los derechos de las mujeres, promover la igualdad de género, fortalecer la justicia de género y luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer, entendiéndolas como violencia interpersonal. También es importante alentar a las mujeres a denunciar los actos de violencia. Las instituciones deben ser sensibles a las necesidades de las víctimas de violencia de género, brindando apoyo y protección en forma de casas de acogida seguras, servicios de asesoramiento y servicios psiquiátricos. Las áreas rurales y remotas también deben tener acceso a la justicia de género, como recursos gubernamentales para mejorar la infraestructura legal y las políticas para las mujeres, incluida la educación para enfrentar los prejuicios y la discriminación. La igualdad de género debe ser promovida a través de la educación. Los jóvenes pueden recibir educación sobre el género, la violencia interpersonal y el respeto mutuo. Se debe preparar a los niños para ser hombres responsables y respetuosos de los derechos de la mujer.
Por último, los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben abordar el tema del feminicidio y trabajar para erradicarlo. Esto incluye leyes y políticas anti-feminicidio, como la ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales dedicados a ocuparse de este lamentable fenómeno, entre los que se puede destacar la Convención de Belém Do Pará.
Imagem Ilustrativa do Post: Chained hands of a slave // Foto de: Marco Verch Professional // Sem alterações
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/51080532906
Licença de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
