Homo homini lupus
Locución latina
Slobodan Praljak, de 72 años, exgeneral bosniocroata que fue acusado de ordenar en 1993 el bombardeo del puente otomano del siglo XVI de la ciudad de Mostar, así como haber practicado la limpieza étnica de musulmanes bosnios y otros grupos no croatas durante la guerra de los Balcanes, fue condenado desde 2013 (en primera instancia) a la pena de 20 años de prisión por cometer crímenes de guerra; no obstante, recurrió la sentencia, resultando que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), no cambió su resolución.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, precede al Tribunal Penal Internacional para Rwanda, y aunque fue establecido en 1993 en virtud de la resolución 827 del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, tiene jurisdicción para conocer de los crímenes cometidos desde 1991 en el territorio de la ex Yugoslavia. Fue constituido para perseguir a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario realizadas desde el año 1991, sancionar el genocidio, los crímenes contra la humanidad, violaciones a la convención de Ginebra de 1949, así como para procurar justicia a las víctimas y contribuir a la restauración de la paz promoviendo la reconciliación en la ex Yugoslavia.
En pleno juicio, en el TPIY con sede en La Haya, e inmediatamente después de oír la condena que constituía la última sentencia de apelación; Slobodan Praljak se levantó de su silla y dirigió unas palabras a la audiencia, en las que indicó: “Honorables jueces, Slobodan no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión”. Tras estas palabras, ingirió una sustancia venenosa, que horas más tarde le ocasionaría la muerte.
Durante las audiencias, los jueces consideraron probado que Praljak formaba parte de una asociación criminal que tenía como finalidad crear una Gran Croacia. Debemos recordar que la República Croata de Herzeg-Bosnia fue proclamada en 1991, pero no logró el reconocimiento internacional, disolviéndose en 1994, tras los acuerdos de paz de Dayton firmados entre serbios, bosnios y croatas.
Los delitos de los diversos acusados por el Tribunal han sido en distintos términos: desplazamientos forzosos de la población, asesinatos, violaciones, abusos sexuales, persecuciones, saqueo de propiedades, trabajos forzados para los detenidos, tortura, detenciones ilegales, expulsión de sus tierras, masacres, tratos inhumanos contra la población, tratamiento ilegal contra los detenidos, participación en limpieza étnica, entre otros delitos.
Vale la pena mencionar que el Tribunal ha juzgado públicamente a más de 80 personas. Entre los acusados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, podemos mencionar a Jadranko Prlic, ex primer ministro de la autoproclamada República de Herzeg-Bosnia, a quien le dictaron en 2013 una pena de 25 años de prisión; por otra parte, Bruno Stojic, ex ministro de Defensa y Milivoj Petkovic, exgeneral, ambos con una condena de 20 años de prisión; así mismo, Valentin Coric, comandante de la policía bosniocroata, a quien se le impuso 16 años de cárcel; Berislav Pusic, quien estaba a cargo del intercambio de prisioneros, fue condenado a 10 años de prisión, y Slobodan Praljak, quien decidió quitarse la vida ante la lectura de su condena, escuchó cómo el Tribunal confirmaba su sentencia de cárcel.
Algunos considerarán que lo realizado por Slobodan Praljak fue valentía, otros cobardía, lo que no podremos dudar es que esto convirtió a la sala del Tribunal en una escena trágica que nos lleva a cuestionarnos si los criminales tienen libertad de autodeterminación, de tal forma que puedan elegir su muerte cuándo, cómo y dónde, o si lo correcto sería que hubiese pasado sus últimos días encerrado en prisión, pagando su condena por los crímenes de guerra cometidos. Al final, el suicidio de Slobodan Praljak no sólo impedirá brindar justicia a las víctimas y sus familiares, sino que, al mismo tiempo, revela una burla, un profundo repudio y una afrenta a la justicia internacional.
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