Coluna Fitcio Iuris

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”. Elie Wiesel

Han pasado casi 13 años desde el famoso Caso González y otras, más conocido como Campo Algodonero, el cual supuso la implementación del término de feminicidio en la normativa mexicana y, sin embargo, seguimos en el mismo escenario de violencia contra las mujeres en México. El legislador, en un alarde de populismo punitivo basado en el aumento de penas, que generalmente da buenos resultados de cara al imaginario social pero inexistentes para la reinserción del delincuente y para la prevención del delito, sigue con el mismo problema de contar con un ingente número de mujeres privadas de la vida de manera violenta.

De conformidad con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2022, se han clasificado 215 casos como feminicidio, además de 426 muertes de mujeres tipificadas como homicidio doloso. Estos datos ponen de manifiesto, una vez más, que, a pesar de que el delito de feminicidio tiene una pena aparejada de hasta setenta años de prisión, ello no obsta para que la violencia contra las mujeres continúe en México pero, además, pone sobre la mesa un importante problema de seguridad ante el que las autoridades no parecen poder hacer frente.

La semana pasada salió a la luz otro de tantos casos de este fenómeno con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Debanhi Escobar en el Estado de Nuevo León, después de días de búsqueda a partir de su reporte de desaparición tras una fiesta. El caso de Debanhi llega para engrosar la vergonzosa cifra de mujeres muertas pero, también, para hacer pensar mucho sobre la fiabilidad y profesionalidad de las investigaciones, pues el padre de la occisa denunció ante los medios de comunicación que encontraron a su hija en el cateo de una propiedad que, teóricamente, había sido revisada cuatro veces antes.

Más allá de teorías perspicaces sobre si el cuerpo de Debanhi fue o no colocado en el lugar después de los cuatro cateos previos, se evidencia un claro problema estructural en el que, partiendo de un exacerbado machismo, una deficiente educación cívica y una dudosa capacidad de investigación del delito, se puede llegar a una preocupante percepción de impunidad que, sin duda, redunda en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.

Cuando imparto clases de derecho penal, hay dos puntos en los que incido hasta la saciedad con los alumnos a la hora de reconocer los diferentes delitos: identificar las conductas y elementos que los integran y considerar que sin sujeto activo no puede haber sanción. Tal vez, este segundo punto sea uno de los principales a la hora de comprender la realidad delictiva mexicana, en la que los defectos procesales suelen ser una tónica común y, como consecuencia de ello, la impunidad se manifiesta hasta en los delitos más atroces. Es así que puede ser que estemos ante unos hechos probablemente constitutivos de delito, que nos encontremos ante conductas claramente sancionadas por el derecho penal, pero si no tenemos al responsable de dichos hechos o conductas, de poco o nada servirá encuadrar un delito de forma perfecta, pues no habrá pena y, con ello, volveremos al punto de partida, esto es, la sensación de impunidad.

Dicen que las verdades duelen y, en este sentido, la verdad es que su servidor tiene pocas o nulas esperanzas de que a corto o medio plazo, tenga lugar un cambio de mentalidad tal en la sociedad que permita que las niñas, las adolescentes y las mujeres mexicanas puedan estar tranquilas y seguras en las calles. A diario veo muestras de un machismo execrable en ciertos lugares -de los cuales no daré nombres- en donde se minimiza la violencia hasta convertirla en trivialidad o cuestiones puramente circunstanciales, sin reconocer la auténtica y preocupante realidad. Un ejemplo de ello es, regresando al caso de Debanhi Escobar, los comentarios que responsabilizan a las amigas de la joven por dejarla sola tras una fiesta; las manifestaciones relativas a que no conocía al taxista y que, por lo tanto, no debió subir al auto; o las interpretaciones que culpabilizan a la propia Debanhi por estar sola en la carretera.

Mal vamos cuando culpamos a la víctima en lugar de mirar hacia el o los responsables del delito, realmente mal. Mal vamos cuando no prestamos atención al papel de la educación de las futuras generaciones en busca de un cambio, ciertamente mal. Mal vamos cuando no miramos hacia las políticas públicas que no consiguen evitar los delitos contra las mujeres, muy mal. Y mal vamos cuando se generan dudas sobre las investigaciones realizadas por las autoridades que presumen deficiencias groseras que afectan al proceso, rematadamente mal; pues es muestra de una desconfianza enorme hacia aquellos que deben impartir justicia, al mismo tiempo que se continúa con la sensación de impunidad por parte del delincuente.