Lo que se obtiene con violencia,
solamente se puede mantener con violencia
España es un país plural y diverso en el que existen diferentes identidades y lenguas coexistiendo en el marco de un Estado descentralizado, dividido por Comunidades Autónomas regidas por Estatutos de Autonomía que se enmarcan en la Constitución española como norma fundante, derivada del pacto constitucional de 1978, que dejaba atrás una larga dictadura franquista.
Ahora bien, el reciente referéndum de secesión en Cataluña no debería atenderse con sorpresa. Hace ya mucho tiempo que los catalanes, al igual que otras regiones autonómicas, no se consideran españolas, aceptando con seriedad los movimientos secesionistas que les lleven a la añorada independencia, sin embargo, para muchos otros (catalanes o no) resulta desconsolador el pensar en la divisibilidad de España, blasfemo contra la constitución y el gobierno español -el que tantas veces han criticado- y rasgan sus vestimentas al considerar que destruye la legalidad vigente.
En sentido estricto, la secesión sí violenta los objetivos de la constitución española aprobada por las Cortes, ratificada por el pueblo español y sancionada por el Rey, la que indica en su artículo segundo, lo siguiente:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Es por lo anterior que se considera al referéndum como ilegal e irrespetuoso del marco jurídico y, para muchos, por el simple hecho de estar establecida la indivisibilidad de forma expresa se debe considerar ad perpetuam como legítima, aún a pesar de su población o, al menos, parte de ella; sin que olvidemos mencionar que esta última tenía como posibilidad anterior a la consulta ilegal, el solicitar un cambio constitucional y estatutario mediante los procedimientos establecidos (los que más allá de la dificultad que implicaría, también debería valorarse que dependerá de la voluntad del pueblo no catalán), pero, el gobierno catalán ha optado por practicar algo parecido a la resistencia como una vía para la modificación del orden democrático constitucional.
El gobierno español -que atraviesa una grave crisis política- trató de evitar que se celebrara el referéndum separatista, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, incluso mediante el despliegue del uso de la fuerza, el pasado domingo primero de octubre, según las autoridades catalanas, unos 2,3 millones de personas participaron en la consulta. Del total de participantes, el 90% se inclinó por la independencia de Cataluña.
El gobierno español y el Tribunal Constitucional han permanecido firmes advirtiendo que el referéndum ha sido ilegal –para ellos- y que, por lo tanto, no tiene valor vinculante para el gobierno español por ser considerado inconstitucional, pero por otro lado, las autoridades catalanas, a través del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguraron que con la victoria del sí, se declarará la independencia de forma unilateral, por lo que trasladarán los resultados al Parlamento de Cataluña para que se implementen. Esta situación implicará algo así como reconocer que existe un gobierno legítimo fundado en la voluntad catalana y otro gobierno central legal- constitucional para los españoles.
Lo que más ha llamado la atención del proceso de referéndum no ha sido el debate teórico o jurídico que es clave para destrabar las posturas de cada parte, sino el enfrascamiento de la resistencia política que ha llevado a que un problema local se haya visibilizado internacionalmente en las portadas de periódicos de diferentes partes del mundo que remarcan la violencia policial que se vivió en la jornada; violencia que ha dejado al descubierto que los Mossos d’Esquadra (policía catalana) fueron omisos ante el posicionamiento del presidente del gobierno español, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes utilizaron la fuerza para desalojar algunos colegios electorales y levantar urnas, amparados en las resoluciones judiciales que vetaron la consulta por inconstitucional, tratando de evitar así la votación del referéndum que tiene objetivos separatistas.
El escenario anterior pudo haber sido peor, sin embargo, las diferencias y divisiones siguen profundizándose ante una consulta que, simplemente, tendría que haberse entendido como no vinculante, pero que el trato incorrecto que se brindó, llegó a convertir la necedad en barbarie, logrando generar una tormenta en un vaso de agua.
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