Las leyes son silenciosas en tiempos de guerra

Cicerón

Massachusetts, 4 de agosto 2021. Esta fue la fecha en la que la cancillería mexicana interpuso una demanda por vía civil frente a la corte del estado de Massachusetts en contra de 11 compañías estadounidenses dedicadas a la fabricación de armas.

Estas empresas están siendo señaladas por el gobierno mexicano de facilitar el flujo de armas hacia los poderosos carteles de droga y alimentar un tráfico ilegal en el que el 70% de las armas rastreadas en México provienen de Estados Unidos.

Este es un tema sustancial para México, ya que el tráfico ilegal de armas que viajan de Estados Unidos hacia México por organizaciones criminales ha resultado clave en la lucha contra el narcotráfico que se ha suscitado desde hace más 15 años y ha dejado sin vida al menos a 350,000 personas en México. En términos cuantitativos, se estima que se trafican alrededor de medio millón de armas al año desde Estados Unidos hacía México.

De acuerdo con datos de la Cancillería, al rededor del 70-90% de las armas encontradas en una escena del crimen provienen de al menos 6 de las empresas armamentistas más grandes de Estados Unidos (Smith &Wesson Brands, Inc., Colt´s Manufactury Company LLC, Beretta, U.S.A. Corp., Glock Ges. M.B.H y Ruger & Co. Inc., y Barret Firearms Manufacturing Inc.)

Para entender el motivo y objetivo de la demanda es oportuno primero entender el contexto de la misma. En México existe un monopolio de armas, es decir, que el Estado es el único distribuidor y comercializador de las armas dentro del territorio nacional. En cambio, en Estados Unidos de América, la segunda enmienda da derecho al pueblo estadounidense para comprar y portar armas de fuego.

En México, estas armas ingresan de manera ilegal al territorio y son utilizadas por la delincuencia organizada y las llamadas autodefensas. Varias organizaciones denuncian la gravedad de la situación, ya que en México por cada arma que compra el gobierno mexicano, se trafican 12 de manera ilegal. Es por ello que resulta tan importante frenar la crisis de tráfico de armas dentro del territorio nacional.

En México, adquirir un arma de manera legal únicamente se puede hacer solicitando su compra a la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) y de ser autorizado solamente existen algunos modelos disponibles para el público. A pesar ello, la mayoría de las armas que son usadas por organizaciones delictivas son armas cuya venta está prohibida en México, pero resultan muy fáciles de conseguir con el vecino del norte de manera legal.

La SEDENA calcula que desde 2006 hasta hoy más de 20,000 armas han sido robadas o extraviadas únicamente tomando en consideración a las fuerzas estatales. Estas armas terminan en manos de organizaciones delictivas. La Cancillería en México asegura que las empresas que han sido demandadas están detrás de al menos 47% de los asesinatos que se cometieron en México solo en 2019.

Habiendo mencionado lo anterior, podemos mencionar que la problemática y el objetivo de la demanda contra las empresas estadounidenses. Pablo Monroy, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que México argumenta en su demanda que estas -empresas- por la vía de una acción intencional o por una omisión o negligencia facilitan el tráfico ilícito de armas que producen o distribuyen a México, y alimentan la narco-cultura.

Con esta demanda la cancillería no solamente busca una indemnización por daños por parte de estas empresas, también busca que estas empresas modifiquen las políticas de producción, venta y publicidad. Así mismo, el gobierno mexicano busca obligar a los fabricantes a que sus armas sean más seguras y rastreables, toda vez que el número de serie y otros elementos son fáciles de eliminar.

Sin duda, es importante denunciar la falta de responsabilidad social de las compañías estadounidenses encargadas de la venta de armas. Sin embargo, algunos especialistas afirman que nivel de efectividad de esta demanda no llegará muy lejos ya que es muy difícil que México tenga éxito en tribunales de Estados Unidos de América, especialmente debido al poder que tiene la industria armamentista, la cual genera más de 200 mil millones de dólares al año tan solo en exportaciones.

Hoy México finalmente está asentando un precedente necesario que ha tardado mucho en llegar. Debemos alzar la voz frente a una industria armamentista americana que está destruyendo a nuestro país y que constituye un crimen de Estado, y no tengo duda de que el tiempo nos dará la razón contra una industria y las políticas laxas de un país que está incentivando lucrar con un negocio de sangre en nuestro continente.