Hacía tanto que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo
Juan Rulfo
Durante las últimas semanas, Latinoamérica ha sido un tema comentado a nivel internacional debido a los movimientos sociales que se han experimentado, sin embargo, esto no es algo reciente pues se deriva de un descontento social relacionado con la política macro-económica, el sobreendeudamiento y la intervención de organismos como el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización internacional concebida al final de la Segunda Guerra Mundial en la búsqueda de la construcción de una estructura de cooperación que evitara la repetición de las políticas económicas que llevaron a la Gran Depresión de los años 1930 y que promuevan la cooperación económica internacional, el comercio internacional, el empleo y la estabilidad cambiaria, inclusive mediante el otorgamiento de recursos financieros a los países miembros con el fin de aportar al equilibrio de sus balanzas de pagos.
El FMI en caso de ser necesario utiliza los recursos que varios miembros ponen a su disposición a través de reservas internacionales para los países que enfrentan desequilibrios en sus pagos mediante el condicionamiento de préstamos al cumplimiento de requisitos establecidos en un programa negociado con el Fondo, es decir que, cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se compromete a ajustar la política económica con la finalidad de superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional y garantizar que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI.
¿Acaso el FMI ha podido mantener la estabilidad del sistema financiero? ¿Cuánto repercuten los paquetes de medidas en los Estados? Varios países Latinoamericanos se han sobreendeudado y recurrido al FMI y Bancos Multilaterales para ser rescatados, lo cual se ha visto de forma negativa por la población y generado protestas sociales en contra del modelo económico implementado.
Algunos de los ejemplos se han generado en países como Ecuador y Chile, en donde la población, ante el miedo, desconfianza y en vista de las decisiones que toma el gobierno, ha decidido movilizarse y exigir un nuevo modelo económico que no imponga condiciones de pauperización. ¿Qué ha desatado las crisis? En muchos sentidos las medidas de austeridad que implican recortes presupuestales de subsidios y de estímulos fiscales que afectan a la población más necesitada.
Después de las demostraciones de molestia social, los gobiernos de Chile y Ecuador decretaron estados de emergencia, además de toques de queda, restringiendo así el derecho de libre tránsito de las personas, sin embargo, al no poder contener las manifestaciones y protestas, en Ecuador y Chile los presidentes se vieron forzados a ceder, de tal manera que anunciaron la suspensión del alza de tarifas del transporte público, sin embargo, mientras que en Ecuador se llegó a una mediación, en Chile, país reconocido como milagro económico, no se ha atenuado por completo el descontento social por lo que se ha visto obligado a prometer una serie de reformas para tratar de responder al estallido social frente a una sociedad que dice sentirse abusada.
Hay que recordar que América Latina, una región con serios problemas económicos, está plagada de desigualdad y presidida por una enorme brecha social desmedida, una dualidad que se vive de forma cotidiana y que afecta el ánimo social, lo que da pauta a que una crisis económica se haya convertido y transformado en una crisis política.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha indicado que en América Latina y el Caribe la desigualdad es una característica histórica y estructural que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica lo que ha hecho que la región siga siendo la más desigual del mundo, encontrándose, incluso, por encima del África subsahariana.
Esta desigualdad tiene su origen en la mala repartición de la riqueza de los países que conforman América Latina, lo cual ha sido uno de los problemas más importantes de la región, aunado a los marcados índices de pobreza y pobreza extrema que han venido aumentando a la par, siendo importante resaltar que, a pesar de estos pésimos datos, los gobiernos no han logrado generar programas y políticas adecuadas para erradicar esta pobreza, o incluso disminuir considerablemente el problema. Lo anterior no sólo tiene que ver con la dificultad natural de las circunstancias establecidas y generadas en Latinoamérica sino también con la falta de voluntad de un cambio radical que implique una justicia redistributiva que perjudique incluso, a los que están tomando las decisiones que, por cierto, regularmente han sido los más favorecidos.
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