No hay camino para la paz, la paz es el camino

Mahatma Gandhi  

Después de la declaración de independencia de Cataluña aprobada el veintisiete de octubre de 2017 por el parlamento catalán, el Senado español aprobó la puesta en marcha de las medidas que prevé el artículo 155 de la Constitución Española, dando así su apoyo a Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España, quien no dudó en salir a hacer públicas las medidas que extinguían y cesaban al gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al mismo tiempo que tildaba a la independencia de “desgarradora, triste y angustiosa”.

Durante el discurso, declaró la extinción de: las oficinas del presidente y vicepresidente, consejo asesor para la transición nacional, patronato de diplocat, delegaciones o embajadas en el extranjero, así como, el cese de diversas autoridades y funcionarios, como los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid, al secretario general del departamento de interior, y al director general de la policía autonómica, y por último, disolvió el parlamento de Cataluña.

El ahora expresidente Carles Puigdemont, autoproclamado presidente legítimo,  acusado de los delitos de rebelión, malversación y sedición, con un estimado de hasta treinta años de cárcel, fue citado por la Audiencia Nacional en Madrid, sin embargo Puigdemont se trasladó a Bélgica por tiempo indefinido, denunciando juicio político y con la intención de buscar algunos aliados internacionales.

Así también, Rajoy anunció que el veintiuno de diciembre se realizarán elecciones “libres, limpias y legales” para designar a los nuevos representantes catalanes, pero queda la duda de lo que sucedería si se vuelve a constituir nuevamente el parlamento catalán con una mayoría independentista. ¿Estará dispuesto el gobierno español a volver a desafiar a la voluntad democrática de un pueblo mediante la disolución del parlamento por segunda ocasión? ¿Cuáles serán los límites de la autodeterminación frente a la democracia?

Finalmente, es de resaltarse que aunque las declaraciones del presidente del gobierno español afirman que las medidas tomadas no tienen la intención de suspender, intervenir, ni recortar el autogobierno, sino de devolverlo a la normalidad, el institucionalismo y legalidad; sin embargo parece que su actuar contraviene la voluntad democrática de un pueblo que eligió a sus representantes. Las siguientes acciones que tome el gobierno español serán fundamentales para consolidar su legitimidad frente a los catalanes, españoles y la comunidad internacional.

 

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