La necedad es la madre de todos los males

Cicerón

Los nacionalismos han vuelto y están en efervescencia, los discursos son incendiarios y populistas, presentan un halo que los hace verse como víctimas, incluso, el discurso es emotivo y sentimental, ahora la tolerancia es un exceso y el pluralismo debe morir.

Los debates han sido acalorados desde ambas posiciones, se han presentado argumentos que abonan a la polarización de la población dentro y fuera de Cataluña; por una parte, los separatistas abanderan su autodeterminación como pueblo y su derecho a elegir a través de lo que ellos consideran democracia, aunque ésta sea ilegal y, por el otro lado, los más aguerridos españoles que consideran que el gobierno catalán ha subvertido la legalidad al realizar el referéndum 1-O y cometido un golpe de Estado.

Es en esa secuencia de situaciones, en el ámbito político, a poco más de una semana de haberse celebrado el referéndum, en la que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró ante el parlamento regional asumir el mandato del pueblo con el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente, al mismo tiempo que propuso que el parlamento suspendiera los efectos de la declaración de independencia, con la finalidad de iniciar un diálogo con el gobierno central, sin embargo, horas después de la declaración, setenta y dos parlamentarios catalanes procedieron a firmar el documento de independencia catalana.

Por su parte, el gobierno central pidió al gobierno catalán brindar certezas a los españoles y catalanes, por lo que solicitó que Puigdemont aclarara su determinación con respecto a la declaración de independencia, exigiendo simultáneamente el cese de actuaciones contrarias al interés general de España.

Lo anterior se puede entender como una advertencia antes de emprender medidas de coacción más enérgicas, y aunque no se ha indicado abiertamente, se especulan diversas posibilidades dentro del marco de la ley, por ejemplo:

i)             al amparo de lo establecido en el artículo 155 de la Carta Magna española, se indica que si una Comunidad Autónoma (CCAA) incumple con las obligaciones que la Constitución u otras leyes imponen, o si actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CCAA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Asimismo, se advierte en la propia normativa que para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades autonómicas. Derivado de todo ello, se podrían suspender las competencias de la autonomía o la inhabilitación de miembros del gobierno catalán;

ii)            por otra parte, se cuestiona la posibilidad de declarar un estado de alarma o excepción de acuerdo al artículo 116 constitucional; e

iii)           incluso, se ha llegado a cuestionar el posible uso legítimo de la fuerza que devuelva el orden constitucional por parte de las fuerzas armadas, de acuerdo al artículo 8° constitucional.

La pregunta que surge al analizar esta pugna entre la legalidad y la legitimidad se hace patente cada vez con más fuerza: ¿cuál ganará el duelo? Seguramente este será sólo uno de los ejemplos que obligará a poner a prueba una unión. No hay que olvidar que el debate independentista no es nuevo, y aunque el de Cataluña ha cobrado relevancia mediática, han sido y serán muchas las naciones que transitarán por procesos similares -cada uno desde sus propios contextos-; es así que se puede recordar el caso escocés que aún alberga en sus partidos nacionalistas el deseo de un nuevo plebiscito independentista, o lo que sucede en este mismo momento en la región de Kurdistán, donde se ha realizado un referéndum de independencia sin autorización del gobierno de Irak.

Hasta ahora, en España se evalúa la idea de una reforma constitucional que prevea la autoderminación, sin embargo, las posturas siguen inamovibles tanto por la parte del gobierno central a través de Mariano Rajoy, quien sostiene que Cataluña ha realizado un ataque desleal contra la Constitución que implica una grave violación a la democracia, como por la parte catalana, en la que Carles Puigdemont considera que Cataluña se ganó el derecho de ser un estado independiente.

El conflicto está sobre la mesa y solo resta esperar para ver si se va a vigorizar o, por el contrario, suavizar; lo que está claro es que no se trata de una situación en absoluto sencilla y el hecho de que una u otra parte den un paso atrás en sus pretensiones para conseguir una paz social, seguramente, implique una decepción tan importante en sus respectivos seguidores que desemboque en una condena a quien no mantenga este duelo con las espadas en todo lo alto. Como si de un juego de ruleta rusa se tratase, parece ser que el que se levante de la mesa perderá y solo saldrá victorioso quien no se “suicide” en esta cadena de declaraciones, amenazas y desafíos.

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