Coluna Fictio Iuris
“Niño malo no castigado, hácese más osado”. Dicho popular
Desde hace varias semanas, los ojos de la comunidad internacional se posaron en Europa del Este debido a la inicial operación militar desplegada por parte de Rusia en las fronteras orientales de Ucrania y que, posteriormente, se ha convertido en una auténtica invasión llevada a cabo por Rusia. Las causas de este conflicto pueden ser consideradas como variadas, abarcando desde una especie de herencia histórica, hasta la consideración de la existencia de una zona de influencia rusa respecto de los países circundantes ex integrantes de la URSS. La realidad parece estar enfocada, más bien, a dos factores principales: i) continuar con el camino de la anexión iniciada con la Península de Crimea y, ii) el ánimo ucraniano por incorporarse a la OTAN.
Por lo que corresponde al caso de Crimea, tras movimientos separatistas entre prorrusos y partidarios de la unidad de Ucrania, se llevó a cabo un referéndum catalogado como ilegal por la comunidad internacional que, en marzo de 2014, finalizaría con la firma del presidente ruso, Vladimir Putin, reconociendo la incorporación de la península ucraniana a Rusia. Esta situación marcó un punto de inflexión, pues la misma comunidad internacional no tomó más cartas en el asunto que la de no aceptación de esta anexión, casi como si de un padre extremadamente permisivo se tratara que le dice a su hijo: “bueno, ya lo hiciste pero no lo vuelvas a hacer”. Con este antecedente, resultaba difícil pensar que Rusia pudiera sentirse amenazada, escarmentada o condenada, ya que la inexistencia de sanciones reales y efectivas terminó provocando algo previsible: la creencia de estar en un escenario de impunidad que habilita para continuar ampliando los territorios anexionados sin consecuencias.
Isabel Allende escribió en su obra titulada La isla bajo el mar que “no hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales”, lo cual puede aplicarse, perfectamente, al conflicto Rusia-Ucrania. Una sociedad en la que no existen sanciones o penas es una sociedad que está condenada a la desorganización, descontrol y caos, toda vez que no se puede confiar, únicamente, en que los individuos se comportarán de acuerdo a unas normas de conducta que no cuenten con una sanción ante su incumplimiento.
Por otra parte, el hecho de que Ucrania pretendiera incorporarse a la OTAN, nunca fue considerado como admisible por Rusia, pues su adhesión a dicha organización podría provocar que tanto EEUU -tradicional enemigo de Rusia- como otras naciones pudieran instalar bases militares en el país vecino, lo cual fue tomado por Rusia como una especie de invitación a la hostilidad e, incluso, como un elemento de extremo riesgo. En este tenor, continuando con un sentimiento reminiscente de la ya extinta Unión Soviética, Rusia ha creído que puede decidir respecto a lo que sus vecinos pueden hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Independientemente de que Ucrania desee incorporarse a la OTAN o no, Rusia, como no miembro que es de esta organización, se debe abstener de emitir y, mucho menos, imponer criterios, opiniones y decisiones asentadas en meros desacuerdos anclados en acontecimientos históricos ya ampliamente rebasados.
En lo particular, me sorprende que existan opiniones que justifiquen el actuar de Rusia basándose en argumentos tan peregrinos como que a nadie le gusta tener un vecino peligroso o molesto, haciendo referencia, precisamente, a la posibilidad de instalación de bases militares estadounidenses en Ucrania. ¿Acaso un particular puede decidir sobre lo que hace o no hace un vecino que se encuentra en el marco de la norma?, ¿es posible tomarse la justicia por propia mano porque lo que hace el de al lado no me agrada? Como digo, es preocupante encontrarse con esas opiniones y, más aún, cuando estos postulados provienen de abogados y juristas que, teóricamente, aprendieron lo que es y lo que implica el derecho, pues ello demuestra que la calidad en la enseñanza del derecho ha decaído o que el ejercicio de éste se encuentra en declive.
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