No son nuestras diferencias las que nos dividen.

Es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias

Audre Lorde

 

El congreso de la República de Guatemala, el día 8 de marzo, presentó la controversial iniciativa de ley 5272 llamada “Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Protección de la Vida y la Familia”.

Esta iniciativa de ley expone como problema principal la existencia de grupos minoritarios en Guatemala quienes proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana e impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia.

Esta iniciativa indica el deber constitucional del Estado de garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia mediante la promoción de su organización sobre la base legal del matrimonio, siendo que los creadores de esta iniciativa tienen por objetivo restringir el concepto del matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, siendo el fin la procreación.

Por otra parte, el marco normativo internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Bajo la bandera de protección del derecho a la vida y la institución de la familia sobre cualquier otro derecho, la iniciativa tiene por objetivo evitar la despenalización del aborto, así como impedir la promoción de conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En relación al primero, la iniciativa define la figura del aborto terapéutico, donde la no punibilidad únicamente se presenta en caso de grave riesgo de la madre, lo cual, pone énfasis en los criterios médicos dejando amplio margen de subjetividad y desapareciendo los derechos de la mujer.

La iniciativa es discriminatoria y vulnera los derechos de las mujeres y de las minorías, al igual que transgrede tratados internacionales.

Así mismo, establece la prohibición a las entidades educativas públicas y privadas de promover en los niños, niñas y adolescentes conductas sexuales distintas a la heterosexualidad, lo que conlleva a dejar a los niños sin un derecho a la identidad, a la libre autonomía de la voluntad y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que no tendrían el acceso a conocer distintos temas que podrían ayudarlos a conocerse y conocer a los demás.

También indica que las personas no están obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales basándose en la protección de la libertad de conciencia y expresión, lo que en gran medida violenta los mismos derechos que dice resguardar. 

En relación con todo lo anterior, el congreso de Guatemala aprobó en su tercer debate la iniciativa de la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” con 101 votos a favor, 8 en contra y 51 ausencias en el seno del congreso, convirtiéndose en el decreto 18-2022.

Al conocerse esta aprobación por parte del congreso, la comunidad LGBT+ y las mujeres, realizaron distintas protestas con mantas, carteles y pintura, ya que esta ley violentaba sus libertades y buscaban que el Congreso no avanzara con la misma.

Por otra parte, el día 10 de marzo del 2022, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei informo que el Congreso archivaría el Decreto cuanto antes, y en caso de que llegara la propuesta a su despacho la vetaría, comentando:

“Para que un gobierno quiera asumir como progresista, este tipo de iniciativas no pueden prosperar, y más en un contexto como el guatemalteco que ha estado sometido durante décadas a procesos de agresión, discriminación y humillación”.

El día 16 de marzo del 2022, se llevo a cabo la vigésima quinta sesión ordinaria del Congreso, en la cual distintos diputados manifestaron estar en contra de la iniciativa y comentando que la ley iba en contra de la realidad del país, afirmando que hay una gran variedad de familias que lideran la diversidad sexual.

Otro comentario  fue que la ley es un retroceso en donde no se protegen los derechos de las personas a lo que conlleva regresar a tiempos en donde las personas se sienten indefensas.

Al finalizar la sesión, se llegó a la conclusión de que la ley incumplía con los derechos humanos, por lo que tendría que archivarse como lo había planteado el presidente de Guatemala.

Vale la pena mencionar que distintos países en Latinoamérica han reformado sus leyes con una idea progresista en la que se busca incluir a diferentes grupos vulnerados a través de los años, por ejemplo: en Colombia el 21 de febrero del 2022 la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que someterse a un aborto no es delito según su ley; en México en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que penalizar el aborto es inconstitucional; en Argentina en octubre de 2020 el Senado aprobó legalizar el aborto en las primeras catorce semanas de embarazo. Estos tres países en América Latina abren un panorama al resto para lograr un avance en la visión y protección de los derechos.

Finalmente, me gustaría concluir con una breve reflexión sobre el aborto y el acceso a la información sobre la diversidad sexual, hoy en día gracias a las notables luchas que realizan las mujeres, por lo que el aborto no debería ser una cuestión de penalizar o no, si no, de dar a la mujer un derecho para que pueda decidir qué hacer con su cuerpo y su vida.

En cuanto al acceso a la información sobre la diversidad sexual, es importante destacar que al brindar este acceso permite erradicar ideas y perjuicios con la finalidad de reducir un odio y maltrato hacia las minorías.

 

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