En la democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera

Aristóteles

En varios estados de Sudamérica, han estado sucediendo varias crisis políticas en la última década, lo que ha tenido como consecuencia que diferentes países latinoamericanos tomen distintos caminos políticos y jurídicos.

Perú, uno de los Estados Latinoamericanos en crisis, entró en Estado de emergencia, el cual se define en el artículo 137 de la constitución peruana como la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido.

El 7 de diciembre del 2022 se destituyó al entonces presidente de Perú, Pedro Castillo. El presidente dio un mensaje por televisión, en donde anunció que pretendía disolver al Congreso para así instaurar un gobierno de excepción. Pocas horas después, el Congreso votó favorablemente una moción de vacancia presidencial por "incapacidad moral”, destituyendo a Castillo y designando a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú.

Pedro Castillo fue detenido preventivamente por un periodo de 18 meses, mientras es sometido a un proceso judicial por el presunto delito de rebelión. Estas decisiones han traído toda una ola de descontentos y manifestaciones, en las cuales exigen tanto la liberación de Pedro Castillo, la destitución de la actual presidenta Dina Boluarte, el llamado a nuevas elecciones y el cambio en la Constitución.

La actual presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en Perú el domingo 15 de enero del 2023, debido al sin fin de protestas de los ciudadanos.

Dina Boluarte, a pesar de que ha tratado de calmar las protestas no lo ha conseguido, e incluso han aumentado en algunas regiones en donde se han generado saqueos a diversos establecimientos, cierres o bloqueos de carreteras y aeropuertos. Todo esto llegó a tal grado que, los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes han cobrado vidas humanas, e incluso, las fuerzas de seguridad se han visto ayudadas por el ejército para poder aplacar las protestas violentas y vandálicas que ocasiona toda esta inestabilidad política que enfrenta Perú en sus últimos años.

Las acciones implementadas por las fuerzas de seguridad han sido realmente cuestionadas por grupos de derechos humanos, debido a un uso no proporcionado de la fuerza. Sin embargo, los militares también responden señalando que los manifestantes usan explosivos caseros y armas en general.

Con la entrada en vigor del mencionado estado de emergencia, se ha dejado en manos del ejército la seguridad pública, así como, genera que queden suspendidos algunos derechos básicos, como la libertad de tránsito y de reunión, y estableciendo toque de queda para todo el país.

La presidenta Dina Baluarte, en su discurso televisado del pasado viernes 15 de enero, se negó a renunciar, diciendo: “mi compromiso es con Perú”, sin embargo, aseguró evaluar con el Congreso y el Tribunal Electoral, la forma de avanzar con los comicios generales para diciembre de 2023.

Para concluir, en lo personal considero que las naciones requieren del respeto de los Derechos Humanos de los individuos, así como debe de generarse gobernabilidad y estabilidad social para el adecuado desarrollo de un país.

 

 

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