La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano

          Juan Bautista Alberdi

En México a fines de la década de los 60, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue propuesta por la comunidad de profesores y estudiantes una ley orgánica que planteaba un gobierno paritario, el cual consistió en que las partes tienen el mismo número de representantes y los mismos derechos. 

En el año de 1971, ya aprobada esta ley, llegó a la rectoría Ulises Leal Flores, académico que encabezó el movimiento a favor de la autonomía de la Universidad, sin embargo, el gobierno estatal no estuvo de acuerdo con la designación, por lo que redujo el presupuesto y obligó al Consejo Universitario a suprimir la Autonomía Universitaria.

A causa de lo decidido por parte del gobierno estatal, los estudiantes iniciaron una huelga, y distintas universidades del país le dieron su apoyo, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

Los estudiantes de las dos universidades más importantes del país convocaron a una marcha el 10 de junio de 1971, sumándole a esta lucha otras demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

La marcha en la CDMX se planeó para que comenzara a las 4 de la tarde, iniciando en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, para después tomar la calle de Carpio y salir hacia la Calzada México-Tacuba teniendo como destino el Zócalo.

El día 10 de junio de 1971, se reunieron en el Casco de Santo Tomás aproximadamente 10, 000 estudiantes universitarios, los cuales comenzaron a avanzar pacíficamente, cuando aproximadamente a un kilometro fue que se encontraron con el grupo de los llamados halcones.

Los halcones era un grupo paramilitar integrado por jóvenes provenientes de diversos barrios marginales de la capital, quienes fueron entrenados por militares mexicanos y estadounidenses a finales de la década de los 60; en su entrenamiento tuvieron lecciones de kendo, un tradicional arte marcial japonés donde se usan varas de bambú. Originalmente este grupo nació para proteger instalaciones estratégicas de la capital, pero ante los acontecimientos en esa época, se convirtió en un grupo de golpeadores utilizados para diferentes tareas extraoficiales.

Cuando los estudiantes se encontraron al grupo de los halcones, inmediatamente estos comenzaron a pegarles con varas e incluso accionaron armas de fuego, siendo este un ataque indiscriminado, que tuvo la finalidad de dispersar a los manifestantes y mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

Después de este acontecimiento, el alcalde Alfonso Martínez y Rogelio flores, su jefe de policía, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación, aunque esta fue infructífera.

Más tarde, en la década del 2000, se creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971, dicha fiscalía intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio.

En el año 2005, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no había prescrito la acción penal por el delito de genocidio en contra del ex presidente de la república, y del ex secretario de Gobernación, por lo que podrían ser juzgados.

A pesar de lo anterior, la magistrada que llevaba el caso consideró que no se acreditaba el delito de genocidio, sino de homicidio simple, el cual ya había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Como consecuencia de esto, nadie ha sido condenado hasta la fecha y el expresidente Luis Echeverría fue jurídicamente liberado de toda culpa en 2009, por falta de evidencia tangible.

Este caso nos muestra la violencia institucional que ha atacado al país durante mucho tiempo gracias a la impunidad, la cual permea a las más altas esferas del Sistema Político Mexicano, generando así graves violaciones a los Derecho Humanos contra quienes son considerados los enemigos del régimen en turno. Muestra de ello es también la violencia contra el movimiento zapatista, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ola de asesinatos de periodistas, etc.

Finalmente, se podría llegar a la conclusión de que en muchas ocasiones las mismas personas que tienen que garantizar la justicia en el país no tienen la voluntad de llegar al fondo del asunto porque prefieren preservar ese mismo sistema que los protegerá y los blindará con impunidad.

 

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