Derribar y destruir es muy fácil.

Los héroes son aquellos que construyen y trabajan por la paz

Nelson Mandela

El fenómeno delictivo del narcotráfico ha llegado a tener un gran impacto global en los últimos años, ya que afecta desde pequeñas comunidades hasta países enteros; en los que se participa ya sea en la producción o cultivo, transporte y comercialización, así como en su consumo final.

Este problema que escala cada año y que encuentra la forma de trascender las barreras culturales es causante del aumento en la violencia asociada con las drogas, y por tanto, de la falta de seguridad, los problemas de salud, de igual manera con el tráfico de personas y a la pérdida de miles de vidas. De lo anterior se puede conocer que existe una afectación al estado de bienestar de aquellas poblaciones que resienten el fenómeno de manera directa, porque una parte importante de la economía se construye sobre actividades ilícitas, desestabilizando al poder soberano que debe ejercer sus facultades para y por  los derechos civiles de su población, pero cuando sus objetivos no pueden realizarse con los instrumentos jurídicos internos, es entonces que el panorama jurídico y la cooperación internacionales toman relevancia para tratar de prevenir y resolver tales problemas.

Tal es el caso de la República de Honduras, la cual en las últimas semanas ha vivido sucesos trascendentales para la historia del llamado “Narco Estado”, debido a que durante años su población ha padecido las consecuencias de las actividades ilícitas consistentes principalmente en el transporte de drogas en el Crimen Organizado Transnacional (COT). Consecuentemente el índice de Percepción de la Corrupción en datos del 2021 y publicado este mismo año, reveló que Honduras se encuentra entre los países que no han experimentado ninguna mejoría, sino todo lo contrario, revelando así, que existen problemas que deben ser resueltos de manera urgente.

Este 2022 ocurrió un suceso histórico para la población del país; el ex presidente, Juan Orlando Hernández, fue detenido tras haber sido solicitado en extradición por los Estados Unidos, ya que se le acusa de delitos como narcotráfico y uso ilegal de armas.

Así mismo, el hermano del ex presidente, quien había sido diputado de la República, fue condenado en abril del 2021 a cadena perpetua por el Tribunal Federal de Nueva York, bajo los cargos de tráfico de sustancias ilícitas entre Honduras y Estados Unidos, así como otros países involucrados. Además, en el juicio varios narcotraficantes testificaron bajo protesta de decir verdad, haber efectuado pagos ilícitos por traficar droga dentro del territorio, mismos que se utilizaron para invertir en campañas políticas.

Derivado de esta actividad ilícita y de los lazos que tiene con las esferas del poder, el panorama jurídico internacional busca que la democracia y la garantía de los derechos civiles se materialice mediante instrumentos jurídicos. La Cooperación Internacional que se ha establecido entre ambos países, en este caso en concreto, tiene el objeto de imputar responsabilidad al ex presidente en caso de resultar culpable debiendo acatar todas las formalidades procesales, por ello es importante que establezcan una comunicación y cooperación eficaz en donde no haya cabida para la impunidad.

Los instrumentos internacionales no solamente existen para dar obligaciones recíprocas a los Estados que forman parte de ellos y que se plasmen en un instrumento, sino también para que el progreso se materialice y se traduzca en la existencia de seguridad y democracia. Cuando estas dos últimas se ven afectadas el progreso económico de toda una región se ve deteriorado, creando como consecuencia un Estado inseguro y en precarización, lo que hace que su población no crezca en ningún ámbito.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1988, es un acuerdo en el que se establecen como objetivos aplicar medidas contra el tráfico de drogas, el blanqueamiento de dinero, y la desviación de precursores químicos. Los Estados Unidos de América y la República de Honduras se adhirieron a la Convención en 1990 y 1991 respectivamente, en la que, mediante la cooperación que ya se ha mencionado, se pretenden establecer los medios efectivos, como lo es la extradición en el cumplimiento de las medidas jurídicas en materia internacional.

La colaboración internacional no resulta solamente idónea, sino también, necesaria para obligar a los Estados firmantes a establecer los mecanismos jurídicos para la procuración de justicia.

El proceso en contra del que fuera presidente en el período de 2014 al 2022, representa para la población hondureña un cambio significativo ya que las investigaciones y procesamientos que se han hecho dentro de la esfera que ostenta el poder ejecutivo no solamente quedará ahí, sino que se espera un cambio institucional atacando a todas aquellas infiltraciones del narcotráfico que existan aún en los detentadores de las facultades políticas.

Aún se esperan grandes cambios internos para el país, y para atacar así también el tráfico ilícito de sustancias en el que participan además otros países, no solo de América central o del sur, sino de todo el mundo en donde existan fenómenos delictivos en los que los Estados deben comprometerse para procurar que la población tenga garantizados los derechos y así poder progresar.

 

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