Aquellos que cruzan el mar cambian de cielo, pero no de alma

Horacio

Diariamente miles de migrantes centroamericanos sin documentación ingresan de forma irregular a México con la intención de alcanzar “el sueño americano” y poder llegar a Estados Unidos. En su paso por el país encuentran muchos obstáculos, y peligros para atravesar nuestro país.

México ha enfrentado desde hace aproximadamente tres décadas un problema con el crimen organizado, especialmente con aquellas organizaciones cuya actividad principal es el narcotráfico, por ello, en el año 2012 el gobierno federal creó la estrategia de seguridad comúnmente conocida como guerra contra el narco, como parte de una política que pretendía enfrentar el creciente problema. La misma fue presentada en el plan nacional para el desarrollo de 2007-2012, donde se planteó de la siguiente forma enfrentar y llevar la justicia a los criminales; depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales, y reconstruir el tejido social a través de la generación de oportunidades y trabajo para la gente.

Esa época quedó marcada por el aumento de violencia y escenarios casi diarios de crímenes a plena luz del día, pues el enfoque de la estrategia era un enfrentamiento directo sin el uso adecuado de inteligencia estratégica.

Casi dos sexenios después, la realidad demostró que el resultado no fue el esperado. Las organizaciones delictivas denominadas carteles, las cuales se pretendían eliminar o disminuir consiguieron un efecto contrario al aumentar sus integrantes y armamento; incluso algunas conocidas como la familia michoacana y el cartel del pacifico surgieron en esos años. El grupo delincuencial más relevante de aquella época fue el cartel de los zetas, nombre que tiene origen en las claves que miembros fundadores utilizaron en el tiempo que formaron parte del ejército mexicano.

Entre la larga lista de crímenes que se le adjudican a este último grupo, se encuentra su participación en un multihomicidio en el 2012 en la carretera libre a Reynosa ubicada en Cadereyta Nuevo León, lugar en el que abandonaron (49 cuerpos de personas cuya edad aproximada era de entre 20-25 años; 46 de los cuerpos masculinos y 3 femeninos). Los cuerpos habían sufrido el desprendimiento de extremidades, ninguno contaba con cabeza, brazos o pies, lo que al parecer fue una estrategia realizada para obstaculizar la identificación de las personas fallecidas, varias de ellas eran migrantes.

El 21 de mayo de 2012 se capturó y presentó ante las autoridades a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez “el loco”, presunto implicado en la ejecución y arrojamiento de los cuerpos y quien era el jefe de plaza en Cadereyta Nuevo León. Cabe destacar que al momento de su detención poseía armas de alto calibre, e incluso, en su intento por huir de los elementos del ejecito, tiró una granada.

Con la captura de Daniel de Jesús la autoridad logró corroborar e integrar más información sobre el caso. En sus declaración relató que los cuerpos abandonados en la carretera correspondían a personas detenidas en un camión en la carretera Linares Monterrey, personas a las que privó de la libertad para posteriormente asesinarlos, sin embargo, hasta el día de hoy aún no se tiene claridad sobre la identidad de los cuerpos, ni del cómo o de dónde provenían todos los ejecutados.

La autoridad del Estado de Nuevo León demostró tener poco interés en cuanto a la resolución de este caso, pues algunos familiares de las victimas evidenciaron la omisión en cuanto a la integración de información y la realización de una investigación adecuada. Con motivo de ello es que el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nación para los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que solicitaba la intervención Federal en la investigación, en consecuencia, se tuvieron que remitir los documentos a la Ciudad de México.

En el año 2020 a través de un comunicado la fiscalía general de Nuevo León reconoció que, en 2018, extraviaron los documentos que contenían el archivo de la investigación por una mala organización de logística.

La empresa de paquetería Red Pack se encargó del traslado de documentos enviados desde Nuevo León, al momento de llegar a la Ciudad de México nadie llegó para recogerlos ni reclamarlos, por lo que se siguió el protocolo establecido y los eliminaron; lo acontecido con los documentos se hizo público en 2020, a través de un comunicado.

Finalmente, en febrero de 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó que se hagan públicas las investigaciones, las cuales se relacionan desafortunadamente con crímenes cometidos contra inmigrantes. Hoy es prioritario entender el fenómeno de la migración, para evitar criminalizar a quienes huyen de la violencia, y a quienes buscan una vida mejor para ellos y sus familias.

 

 

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