Derechos de papel

24/05/2021

Homo homini lupus

Thomas Hobbes

Latinoamérica, pilar de movimientos sociales, marcada por una población siempre al pie de una lucha, pero no una lucha contra alguna potencia extranjera, sino la lucha interna. Aquí se lucha por un estado de derecho, por el reconocimiento de los derechos humanos y, contra la explotación del pueblo. Se lucha porque los gobernantes representen a su pueblo y no a sus intereses. En Latinoamérica existe la sombra de las dictaduras y, el fantasma del autoritarismo que la recorre continuamente, aquí se vive siempre en lucha contra la pobreza y la falta de oportunidades.

Hoy, en los países pobres y en vías de desarrollo se gestan movimientos que busca la sobrevivencia de las personas en medio de una pandemia que ha traído como consecuencia un aumento estimado de pobreza mundial inesperado.

De acuerdo con el Banco mundial, en las primeras dos décadas de este milenio el número de personas que vivían en pobreza extrema se logró disminuir en un aproximado de 1000 millones. Sin embargo, las proyecciones muestran que este esfuerzo que tomó 20 años en consolidarse se revertirá en pocos años debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Se calcula que el número de personas en situación de pobreza extrema aumentara entre 143 y 163 millones de personas.

Esta lamentable situación está desatando, en varios países de la región, políticas públicas más estrictas y recortes presupuestales que llevan a la austeridad a muchos sectores prioritarios. Uno de los casos que recientemente han llamado la atención han sido las manifestaciones y la represión violenta en Colombia.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Colombia, la pobreza monetaria aumentó 6.8%, subiendo a 42.5% en 2020. Esto dejó una actualización de las estadísticas de pobreza de la siguiente forma: 3.5 millones de personas entraron al rubro se condición de pobreza, y la pobreza extrema aumento en un 15.1%, mostrando así un incremento de 5.5% comparado con las cifras del 2019.

A pesar de ello, el pasado 28 de abril el presidente de Colombia, Iván Duque anuncio la implementación de una nueva reforma fiscal. Dicha reforma pretendía recaudar seis mil setecientos millones de dólares anuales. El objetivo era pagar la deuda externa de Colombia, así como subsidiar a los sectores afectados por la pandemia a través de programas sociales. Es decir, se pretendía aumentar significativamente el costo de vida de los colombianos.

La reforma fiscal contemplaba, a grandes rasgos, aumentos en diversos rubros de los cuales destacan:

  • Gravar productos de la canasta básica
  • Un impuesto del 19% a la gasolina
  • Aumento del impuesto sobre la renta a personas que ganen 700 dólares mensuales o más, denominándolo como un “impuesto solidario”.
  • Un impuesto de 19% a servicios públicos al sector de clase media
  • Se buscaba establecer un gravamen a personas con patrimonio mayor a 1.3 millones de dólares por los siguientes dos años.
  • Gravar con IVA a servicios funerarios, así como de internet

Como fue de esperarse, la desaprobación de los ciudadanos colombianos no tardó en hacerse notar. El 28 de abril miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra de la reforma fiscal propuesta. Estudiantes, sindicatos y civiles salieron a las calles para levantar la voz, para continuar la nunca terminada lucha social latinoamericana.

Ante aquel acto y teniendo como justificación la intensidad de las protestas, el gobierno colombiano ordenó desplegar militares en las calles de Colombia. La brutalidad militar y policiaca que vivió el pueblo Colombiano fue desoladora. Se reportaron estudiantes desaparecidos, manifestantes que perdieron la vida, o que resultaron lesionados. Esto nos remite a la sangrienta historia latinoamericana que resulta de la confrontación gobierno-sociedad. 

Al tercer día de la protesta las ONG´s reportaban una cifra de más de 100 heridos por la brutalidad policiaca ejercida, varios muertos, un numero alarmante de desaparecidos e incluso se denunció la violación de mujeres por policías durante las protestas.

Por su parte, el presidente Duque pidió que se reformara el texto de la propuesta fiscal, sin embargo, no se retiró la misma hasta el dos de mayo.

A pesar de la brutalidad policiaca, la incomunicación inducida por el Estado Colombiano y la violación de los derechos humanos, las manifestaciones no cesaron, sino que se tornaron aún más violentas.

Hoy, en Colombia se asoma la cara de un gobierno negligente, sordo a las necesidades de su población e incapaz de garantizar el ejercicio efectivo de los múltiples y muy anhelados derechos que están consignados en sus leyes, los cuales hoy no son más que letra muerta, simples derechos de papel.

 

Imagem Ilustrativa do Post: Albert V Bryan Federal District Courthouse – Alexandria Va – 0011 – 2012-03-10 / // Foto de: Tim Evanson // Sem alterações

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