El camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones
Carles Puigdemont permanece en Bélgica mientrasel Gobierno de Mariano Rajoy lo considera un fugitivo que debe afrontar los cargos de rebelión y sedición, sin embargo, Carles tiene intenciones de asumir nuevamente las funciones como presidente regional, incluso gobernando desde Bruselas de forma telemática. Esto se debe a que contra los deseos de Rajoy, en las elecciones del pasado 21 de diciembre, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta de la Cámara, y entre muchos más, Puigdemont fue elegido como diputado, dando paso a los deseos del separatismo de investir nuevamente al exiliado como presidente de la Generalitat, abriendo así las puertas a la posibilidad de que se repita la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Recordemos que todo lo anterior se generó después de que el Parlamento de Cataluña realizara una infructuosa declaración de independencia el 27 de octubre de 2017, violentando los principios de Unidad, por lo que el Gobierno central decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, quitándole al gobierno catalán el control de varias de sus instituciones.
Después de la posibilidad de que Puigdemont fuese investido de forma remota, el Tribunal Constitucional de España acordó por unanimidad que Carles Puigdemont solo podrá ser nombrado presidente de Cataluña si comparecer ante el parlamento catalán en persona, con previa autorización del juez encargado de su caso, ya que un prófugo no puede liderar un parlamento regional.
Así mismo, ante los antecedentes de rebelión realizados por los antiguos miembros del Parlamento, el Tribunal Constitucional advirtió a los nuevos miembros del parlamento regional de las responsabilidades que podrían tener que enfrentar si desobedecen esta suspensión.
¿Podría entenderse esto como un golpe a la democracia catalana? ¿Acaso se podría entender que el gobierno español está influyendo de forma contrademocrática sobre las instituciones catalanas? y ¿el actuar del Tribunal Constitucional, a fin de lograr sus objetivos, especialmente para quitar del camino a un separatista que considera peligroso, es correcto a pesar de que su intento de eliminación de Puigdemont de la vida política se contrapone con la representación de la voluntad de una parte de la población catalana que busca desde hace muchos años su independencia?
Convendrá analizar si estas circunstancias implicarán un choque de fuerzas entre los distintos poderes, en el que el Parlamento (Poder Legislativo) pueda contravenir lo dictado por el Tribunal Constitucional español (Poder Judicial) o por el Presidente Rajoy (Poder Ejecutivo), de tal forma que la soga se tense a tal grado que dé cabida a nuevos conflictos entre lo regional y lo nacional, y permita cuestionarnos con respecto al marco democrático constitucional en los Estados de Derecho actuales.
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