El camino al infierno está construido de buenas intenciones

Carlos Ruiz Zafón

El pasado domingo se vivió una fuerte tensión en la Sala de Sesiones del Parlamento de El Salvador a causa de la presencia de fuerzas militares y efectivos de la Policía Nacional Civil, quienes acompañaron en la sesión al Presidente Nayib Bukele con la tácita intención de presionar para que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un préstamo de $109 millones de dólares; cantidad que sería necesaria para llevar a cabo la tercera fase del Plan de Control Territorial presentado el año pasado por el presidente para combatir la gran inseguridad que se vive a diario en el territorio salvadoreño.

Nayib Bukele fue electo presidente de El Salvador en febrero del año pasado con más del 50% de los votos. Con su triunfo, acabó con treinta años de bipartidismo en el territorio centroamericano. Nayib heredó uno de los países más violentos del mundo, el cual ha sufrido en los últimos años un gran alza en sus índices de violencia e inseguridad, especialmente a causa de las pandillas que ahí radican.

El presidente ha implementado un plan de seguridad llamado Plan de Control Territorial, el cual ha consistido en tres fases: a) limpieza de las zonas más importantes del Estado, que son donde se centra más la delincuencia; posteriormente, b) reactivar económicamente estas zonas así como las más vulnerables para dar mayores oportunidades lucrativas a los habitantes y evitar la recaída y; por último, c) mejorar el equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerzas Armadas, para el combate contra las pandillas y bandas criminales.

El presidente ha afirmado que el plan ha estado dando resultados en la disminución de la violencia, pero también ha solicitado un presupuesto extra de ciento nueve millones de dólares, por lo que  planeaba pedir un préstamo al BCIE por dicha suma. No obstante lo anterior, para negociar el préstamo, el Parlamento tiene que aprobarlo y, en este momento, Nayib Bukele carece de apoyo en el Parlamento.

Ante esta situación, el mandatario requirió que se celebrara una sesión extraordinaria del Parlamento el domingo pasado, fundamentada en el numeral 7 del artículo 167 de la Constitución de la República del Salvador que a la letra dice: “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”, la cual es una facultad del Consejo de Ministros que, a su vez, está conformado por el presidente Nayib Bukele y por el Vicepresidente.

Varios de los diputados del Parlamento se mostraron renuentes ante la solicitud del Presidente por considerarla una imposición del mandatario, de tal forma que el pasado domingo, Nayib Bukele asistió a la semivacía sala de sesiones de la Asamblea acompañado de uniformados de la Fuerza Armada y la PNC.

Así también, el presidente salvadoreño convocó a sus partidarios y funcionarios para que presionen y exijan a los parlamentarios que aprueban su petición, al mismo tiempo que ha llamado a los parlamentarios “sinvergüenzas” y ha remarcado que los ciudadanos tienen en su poder el artículo 87 constitucional, mismo que se refiere al derecho del pueblo a la insurrección. Este artículo, por cierto, es considerado por Bukele como el instrumento que podría ser utilizado en caso de que en la Asamblea no se diera la aprobación final para la negociación del préstamo.

Por su parte, después de las acciones y denuncias de los parlamentarios, quienes acusan al ejecutivo de intromisión, injerencia y violación de independencia de la asamblea legislativa, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto declarar inconstitucional la convocatoria de Bukele a una sesión extraordinaria y se impusieron medidas cautelares para que se abstenga del uso de las fuerzas armadas en actividades o funciones que no son parte de sus atribuciones. Estas acciones podrían ocasionar daños colaterales que afectarían seriamente la manera en la que se lleva la democracia en el país latinoamericano, con la posibilidad de que el problema escale y se convierta en una crisis de gobierno.

¿Acaso podemos decir que hay casos justificados en los que un poder puede sobreponerse a los demás, incluso por la fuerza hasta someterlos? Pocas veces volteamos a ver a nuestros vecinos, sin embargo, todo lo que pase en El Salvador tendrá un efecto de onda expansiva sobre una gran cantidad de países americanos, pues la pobreza, incertidumbre política, delincuencia y desesperación social son cuatro de los grandes motores que mueven a la colectividad de cualquier nación a llevar a cabo medidas que, en ocasiones, consideramos inimaginables.

 

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