Somos una casualidad llena de intención
Mario Benedetti
Ante la pregunta “¿quiere una nueva constitución?” el sí ganó, pero ¿por qué los chilenos están inconformes con su actual Carta Magna?
En septiembre de 1973, Augusto Pinochet, que en ese entonces era Comandante en Jefe del Ejército Chileno, lideró un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, tras el cual dirigió el país durante 17 años en un régimen dictatorial caracterizado por la restricción a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, llegando incluso a crear la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo que perseguía y reprimía toda oposición a Pinochet.
En un inicio, el mando de la nación estuvo en manos de la Junta Militar de Gobierno la cual fue dirigida por el mismo Pinochet, quien en diciembre de 1974 fue nombrado Presidente de la República. Seis años después, en 1980, se aprobó la Constitución que rige hasta el día de hoy en Chile y, a través de cual, Pinochet continuó en la presidencia durante ocho años más. Otra consecuencia de esa ley fundamental fue la implementación de un gobierno neoliberal en el que se privatizaron muchos servicios básicos, generando como resultado que se iniciase una fuerte oposición al régimen, mismo que se materializó en el plebiscito de 1988 en el cual los chilenos tuvieron que decidir entre continuar con el régimen o darle fin. En ese entonces, la mayoría decidió un cambio, lo que dio lugar a las elecciones presidenciales y, con ello, el inició de un nuevo periodo: la democracia en Chile.
Pinochet dejó la presidencia pero mantuvo el mando de las Fuerzas Armadas, circunstancia que provocó una constante tensión entre el Gobierno y el Ejército hasta que en 1998 renunció al comando del Ejército y asumió el cargo de senador. En ese entonces se iniciaron varios procesos judiciales en su contra, sin embargo, nunca fue juzgado.
Aunque el gobierno dictatorial terminó, la inconformidad social en Chile continuó hasta llegar a su punto culminante en 2019, cuando los estudiantes protestaron en contra de un aumento en el precio del pasaje del metro y evadieron masivamente este pago creando una ola de manifestaciones que aumentaron y terminaron con la destrucción del metro de la capital chilena y la suspensión del servicio.
Posteriormente, las protestas se extendieron por todo el país y el presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia e, incluso, el toque de queda en algunas ciudades, sin embargo, estas medidas no lograron detener el movimiento sino que cada vez fueron más las demandas sociales, ya que si bien lograron que el Gobierno diera marcha atrás al aumento en el precio del metro, comenzaron a presentarse otras exigencias como una educación de calidad, acceso a la salud, salarios dignos y la reducción de desigualdades por motivo de clase y género.
Uno de los puntos clave del movimiento social chileno en el 2019 se dio en octubre, cuando tuvo lugar la manifestación más grande en la historia de ese país latinoamericano, que hizo que al menos un millón de personas se concentraran en la Plaza Italia.
A lo largo de esos meses, los protestantes tuvieron que hacer frente a las hostilidades de los carabineros, cuerpo policiaco que hizo uso de los balines para enfrentarse a los manifestantes y que, en muchos casos, con el uso y el abuso de la fuerza ocasionaron severos daños, llegando incluso a que algunos ciudadanos perdieran la vista como consecuencia de las tácticas disuasorias de esta policía. El descontento social en Chile pasó a la discusión internacional; no obstante, el gobierno chileno decidió negar el abuso de la fuerza aunque, finalmente, el presidente Piñera reconoció que hubo 23 muertos como resultado de las manifestaciones sociales.
Debido a que las protestas no se detuvieron, Piñera ratificó el comienzo de un proceso para la elaboración de una nueva Carta Magna, tal como lo demandaron diversos sectores en las revueltas ciudadanas. El plebiscito para decidir sobre una nueva Constitución se debió haber llevado a cabo en abril de 2020, sin embargo, debido a la pandemia, se difirió hasta el pasado 25 de octubre, día en el que los chilenos salieron a las calles, ya no a protestar, sino a decidir: “apruebo” o “rechazo”. Esas fueron sus opciones y, con una mayoría del 79%, decidieron que quieren una nueva Constitución.
La nueva Carta Magna será redactada por una Convención Constitucional, la cual se integrará por 155 personas elegidas a través del voto directo en abril del próximo año. Chile hará historia en la elección de sus convencionalistas, pues de esas 155 personas, por lo menos el 45% deberán ser mujeres y así, Chile será el primer país en tener una Constitución elaborada con paridad de género.
Esta Convención contará con 9 meses -con la posibilidad de extenderse 3 meses más- para escribir la Constitución. El texto tendrá que ser aprobado por las dos terceras partes de los convencionalistas y, posteriormente, deberá ser aprobado por la ciudadanía a través de otro plebiscito. También se ha determinado que si en esos plazos no se cumple el objetivo, entonces se mantendrá vigente la actual Carta Magna.
Redactar una Constitución partiendo desde cero implica tratar varios temas, de tal forma que hay algunos que forzosamente deberán ser contemplados como son los derechos sociales como la salud y la educación, el papel del Estado, la forma de gobierno y los derechos indígenas. Este último tema será relevante en la construcción de una nueva constitución, pues las comunidades indígenas han exigido tener una representación proporcional en la Convención dejando claro que esta nueva Constitución será escrita contando con una representación de todos los sectores de la población, algo que es bastante admirable toda vez que en Chile nunca ha habido una Constitución creada a través de Asamblea Constituyente.
Aunque el camino ya se ha marcado, aún es largo. La participación ciudadana será prioritaria para la redacción de la Constitución, pues deberán cuidar que en ella se le de respuesta a todas aquellas demandas que iniciaron su movimiento para que esta nueva ley fundamental no sea como la producida bajo el mandato de Pinochet, sino que sea una que tome en consideración a toda la población. Incluso si logra lo anterior, la ciudadanía tendrá que mantenerse activa y participativa en el plebiscito que se hará para aprobar la nueva Constitución, pues así manifestará su conformidad con el resultado de la Convención.
Con base en lo acontecido, surge una pregunta esencial pues ¿estos resultados serán positivos o negativos, es decir, una nueva ley fundamental solucionará los problemas de Chile? Eso es algo que aún no puede saberse, ya que incluso si se llega a aprobar una nueva Carta Magna, deberá pasar el tiempo para poder vivir los cambios. De momento solo podemos reconocer el enorme esfuerzo de todo el pueblo chileno que se mantuvo firme en sus convicciones durante meses, que no desistió en su lucha, ni aun cuando las fuerzas armadas trataron de callarlos, por lo que es digno de reconocimiento y de admiración lo que han logrado; no obstante habrá que esperar que cumplan sus objetivos, para que Chile siga siendo un ejemplo en Latinoamérica.
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