La pobreza es la privación de oportunidades

Amartya Sen

En la madrugada del 28 de junio de 1995, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se dirigieron a la ciudad de Atoyac de Álvarez, con el propósito de exigir el cumplimiento de promesas dadas por las autoridades del Estado de Guerrero para otorgar ayuda a los cultivadores de café. 

Los miembros de dicha organización usaron como medio de transporte dos camiones de carga, cuando uno de los camiones se acercaba al municipio “El Vado” de Aguas Blancas, un grupo de policías y agentes judiciales del mismo Estado los obligaron a descender y a tirarse al suelo, siendo aproximadamente más de cuarenta campesinos. 

Minutos más tarde, el segundo camión llegó al mismo lugar de los hechos, cuyos campesinos de igual manera fueron obligados a bajar, sin embargo, antes de concluir el descenso, tanto agentes judiciales como policías municipales comenzaron a disparar indiscriminadamente por aproximadamente veinte minutos a los indefensos campesinos, teniendo como consecuencia el fallecimiento de 17 personas y quedando el resto heridos de gravedad. 

Una vez que cesaron los disparos, obligaron a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, mientras que policías comenzaron el trabajo de colocar armas a los fallecidos, para que se tuviera como argumento la historia de un enfrentamiento armado entre campesinos. 

El 17 de julio de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición en la que se denunciaba la responsabilidad del Estado mexicano por la presunta violación de los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante el trámite ante la Comisión, el Estado mexicano solicitó en dos ocasiones prórrogas de treinta días para efectos de reunir y enviar la información pertinente sobre los hechos. 

Para el 24 de enero de 1996, la Comisión le solicitó al Estado que tomaran medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de los testigos sobrevivientes de la masacre, así como de sus familiares. 

Una vez que la Comisión Interamericana recibió y estudió toda la información proporcionada, transmitió al Estado y a las partes reclamantes soluciones amistosas para la resolución del caso, sin embargo, quedaron descartadas estas posibilidades y solicitaron a la Comisión que emitiera un informe de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana, en donde se establece que, de no llegarse a una solución dentro del plazo que marca el Estatuto de la Comisión, es la misma Comisión quien redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. 

En este caso se ha sostenido por parte de los peticionarios que los recursos internos utilizados han sido ineficaces, además, han denunciado la falta de una investigación seria, así como la tardanza en el castigo de los responsables, y la necesaria reparación de los daños causados. 

En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH) emitió de igual manera un informe donde se señalan diversas irregularidades, como la falsificación y destrucción de diversos elementos probatorios, lo que ha tenido como efecto el evitar llegar a la verdad de lo ocurrido. 

A lo largo de estos años, las familias se han mantenido constantes con la exigencia de justicia por la matanza de los campesinos, pero lo único que lograron obtener fue la destitución de quien entonces era el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, y actualmente, se sigue sosteniendo que la investigación mantenía irregularidades, ya que, uno de los  informes que emitió la CNDH menciona que el propio ex gobernador tenía conocimiento de que se llevaría a cabo el mitin por la Organización de Campesinos del Sur,  por lo que decidió tomar medidas drásticas y necesarias para evitar el desorden y alboroto en las calles. 

En este sentido, las autoridades aseguraban que no habían tenido nada que ver con el caso, no obstante, en 1996 un programa de televisión emitió una videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, en donde se probaba de forma plena los agravios cometidos por las autoridades del Estado de Guerrero. 

Este caso es uno más, lamentablemente, de las evidentes y graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el Estado de Guerrero. Aquí se muestra el deterioro del Estado de Derecho y la evidente necesidad de reforzar el trabajo de los organismos encargados de la impartición de justicia a nivel local y nacional, así como de la urgente capacitación de las fuerzas de seguridad y del orden, las cuales juegan un papel importantísimo para la protección de la población en todos los ámbitos y niveles de su esfera jurídica.

 

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